Si el gobernador Rubén Rocha Moya le aclara a sus funcionarios que no están obligados a renunciar a sus cargos para aspirar a las posiciones de representación popular que estarán en juego el primer domingo de junio del año entrante, está en lo correcto. En lo legalmente correcto para ser más precisos.
En efecto, en su fracción cuarta del artículo 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, se establece, con toda claridad, que aquellos servidores públicos que resultasen candidatos a diputados o presidentes municipales, deben dejar su cargo, de acuerdo; pero 90 días antes de la jornada comicial. O sea: hasta el primero de marzo de 2024, si nuestro calendario no anda mal y si nuestras cuentas son exactas.
Por ahora, nadie tiene por qué renunciar, menos por el simple hecho de expresar sus inquietudes en dicha dirección. Al menos de aquí al primer día del mes de la primavera, que quede claro.
Y hay algo más:
Los diputados locales que hagan buena su intención de reelegirse en el cargo o de buscar otra posición, como una presidencia municipal, una diputación federal o hasta una senaduría (porque se vale soñar) ni tan siquiera tienen necesidad de separarse del mismo en ningún momento, conforme al mismo articulo 25 constitucional. Exacto: pueden ser diputados y candidatos al mismo tiempo. No hay ley que se los prohíba.
Rocha Moya entonces esta en lo correcto. En lo legal y políticamente correcto.
Sin embargo, no hay que olvidar que una cosa es la constitución y la ley electoral y otra lo que acuerden los partidos políticos, mismos que al momento de diseñar los reglamentos de sus procesos internos, si pueden exigirle, a sus aspirantes, su renuncia a cualquier cargo público al momento de su registro, a fin de asegurar, en lo posible, terreno parejo para todos sus precandidatos. Esto ya es otro boleto, desde luego.
Por ahora, insistimos, ningún servidor público está obligado a dejar su cargo por el solo hecho de confesar una aspiración justa y legitima. Ya si lo hacen será por otra razón.
Y se darán casos.
Ya lo verá usted.
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Por cierto.
En su conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya advirtió que ninguno de sus hijos serán candidatos a ninguna posición en las elecciones de 2024, a pesar de su buena ubicación política entre la sociedad, de acuerdo a resultados de sondeos en tal sentido. De manera particular, Rocha Moya citó el caso de su hija Eneyda, la cual aparece en primer lugar, con amplia ventaja, sobre el resto de todas las mujeres, de todos los partidos, quizás como consecuencia de su trabajo como presidenta del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Subrayó, del mismo modo, que, con excepción de Eneyda, que ocupa un cargo honorifico y que le corresponde prácticamente por ley, ninguno de sus hijos trabaja para el gobierno del Estado, ni desempeña comisión alguna; tampoco son proveedores y mucho menos -destacó – se benefician con contratos de obra pública.
-Yo he formado a mis hijos en la honestidad, que es algo más allá de la honradez; ellos ni siquiera piensan en la existencia de alguna oportunidad, ocasionada con mi calidad de gobernador – puntualizó ante los reporteros que cubrían su habitual conferencia de los lunes de cada semana.
¿Cómo vino esto al caso?
Por un señalamiento de un periodista en la Mañanera del presidente López Obrador del viernes próximo pasado, allá en la ciudad de México, en el sentido de que en Sinaloa se favorecía a los hijos del jefe del Poder Ejecutivo Estatal con adjudicaciones directas de los programas de obra publica adjudicada a la entidad.
-Nunca ha ocurrido eso -se extendió Rocha – : mis hijos no participan en las licitaciones correspondientes, ni tan siquiera el que es propietario de una constructora; tampoco son proveedores del gobierno, además.
Así la reacción de Rocha. Como padre y como gobernador. Situaciones así, sin embargo, son comunes en la cosa política y podrían venir más, por supuesto.
En fin.
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A propósito.
Ya “entrado en gastos”, Rocha Moya adelantó -tema que obviamente tocará con amplitud en su segundo informe de labores (el 15 de noviembre) – que su gobierno ha ejercido 3 mil 325 millones de pesos en obra pública, en lo que va de su administración; del primero de noviembre de 2021 a la fecha.
Las obras suman 655, de las que se ha concursado el 85 por ciento; el 15 por ciento restante no, porque obras menores a un millón 800 mil pesos no requieren de licitación, según la ley correspondiente.
Particularmente, el gobernador Rocha se refirió a lo que llama las obras pequeñas, “mismas que permiten precisamente satisfacer y atender de manera expedita las necesidades de la gente” y citó, a manera de ejemplo, la construcción de 100 pozos de agua que se han realizado a la fecha, cuya inversión individual oscila entre uno y un millón y medio de pesos, las cuales “se hicieron de inmediato, sin esperar una licitación porque esto es un proceso que requiere de una demora de 45 días, tal y como lo marca la misma ley”.
Rocha Moya se aprecia satisfecho con esta política y es exactamente la misma que utilizará en lo que resta de su administración. Le ha dado resultados, básicamente en las zonas de mayor marginación en Sinaloa.
Suyos los comentarios, amigo lector.
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Por otro lado.
Existe una marcada curiosidad en la imaginación de este columnista.
El ex priista Ricardo Madrid Pérez preside, por segundo año, la mesa directiva del Congreso del Estado, en la recta final de la legislatura en funciones; la número 64.
Son vicepresidentas: Elizabeth Chía Galaviz, del PAS y Juana Minerva Vázquez, de MoReNa.
Y si Ricardo Madrid se va de candidato a otra posición que no sea la reelección ¿Quién lo relevaría en la presidencia del Congreso?
Evidentemente, Elizabeth Chía no porque es del PAS y huele a azufre.
Pero tampoco Juana Minerva Vázquez porque es de MoReNa, partido que no puede encabezar la mesa directiva porque ya preside la Junta de Coordinación Politica.
Todas estas consideraciones, supongo, se hicieron en su momento.
Y Ricardo Madrid debió haberlas aceptado gustosamente. Cierto que lo amarraron a la silla; pero algo bueno vendrá en el futuro.
Además no es cualquier cosa ser presidente de la cámara de diputados, aunque sea la local.
