El aumento a las tarifas de peaje de la maxi pista entre Culiacán y Mazatlán no será del 40 por ciento, como las instancias oficiales lo anunciaron de entrada. Quienes autorizaron el salvaje incremento tuvieron piedad de nosotros y lo ubicaron, finalmente en un 25 por ciento. Algo así como para construirles una especie de obelisco, cada diez kilómetros, como reconocimiento a su comprensión y solidaridad. Esa elevación en las cuotas, por cierto, hace de ésta, una de las más caras de todo el país, si es que no, la ocupante del primer lugar en dicha clasificación.
Esa alza se aplica ya tanto en la caseta de Costa Rica como en la de Mármol y así se quedará por un buen tiempo, antes de que se apruebe otro aumento -jamás una disminución – lo que seguramente ocurrirá en cosa de un año, a efectos de actualizar las tarifas al índice inflacionario nacional, cuyo porcentaje, a como van las cosas, podría ser el más alto del siglo XXI.
Ya se fijó en “solo” un 25 por ciento -caray ¡que dicha! – y así se permanecerá, por lo que resta del 2023 y las primeras semanas del 2024. Doble contra sencillo.
Ya no habrá, en efecto, poder humano que ajuste las tarifas al porcentaje de carestía. Ni el del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el del gobernador Rubén Rocha, ni el de nadie. Vamos, no lo logrará ni la presión (cada vez más débil) de los medios de comunicación, ni tampoco la de la sociedad organizada porque simple y sencillamente no se organizó ni se organizará ya. Los intentos que se hicieron en ese sentido, tras consumarse el asalto en despoblado, quedaron en eso: en meros intentos. Y ya se desvanecieron, por cierto.
Todo esto encabrona; pero más encabrona la cara de tontejos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal -la principal responsable- vio en cada uno de los 3 millones de sinaloenses que ya somos, al avalar ese incremento de 40 puntos porcentuales, cuando el alza oficial (anunciada por el propio presidente López Obrador en su Mañanera) apenas y si arañaba un 8 por ciento. Que alguien explique, a satisfacción, las razones de esta decisión tan perjudicial para nuestro Estado y también por quienes procedentes tanto del sur como del norte del país, tienen la necesidad de utilizar la maxi pista para la realización de su viaje, por los motivos que usted guste y mande.
¿Qué lo mismo hicieron en Nayarit? Pues sí, si lo hicieron; pero que eso no nos sirva de consuelo; que los nayares resuelvan su problema, mientras aquí luchamos por solucionar el nuestro. Ya sin muchas posibilidades de éxito por lo que se ve.
La maxi pista, producto de una negociación con los principales personajes de la iniciativa privada de México -encabezados por Carlos Slim, cuatacho de AMLO- se inauguró en 1992, cuando agonizaba la administración gubernamental de Francisco Labastida Ochoa y cuando vivía sus mejores momentos el gobierno presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Fue una tarde de octubre. Un día muy especial puesto que se hacía realidad un sueño largamente acariciado por culichis y mazatlecos.
Salinas de Gortari la recorrió toda -para verificar personalmente, dijo, “que ya está totalmente terminada” – y cuando el gobernador Labastida hizo uso de la voz (después de Eduardo Leyson Castro, en representación de los sectores productivos del Estado) le comunicó a Salinas que la carretera no solo se había construido con base en los últimos adelantos de la tecnología moderna, sino que, además, contaría, como respaldo al viajero, con lo siguiente:
-Casetas de teléfono a lo largo de la rúa.
-Patrullas de auxilio turístico.
-Vigilancia policiaca las 24 horas del día.
Y también:
-Servicios sanitarios y otros más de primerísimo nivel.
Y si los hubo, nos consta; pero solo por un breve tiempo. Gradualmente desaparecieron hasta confundirse con los fantasmas de la carretera. Lo poco que queda está en condiciones verdaderamente lamentables.
Hasta eso que los usuarios de la maxi pista ya no queremos tanto. Nos conformamos, pienso yo, con una carretera en buen estado, que ofrezca razonables condiciones de vialidad y seguridad y que pueda ofrecer congruencia con las tarifas que se aplican para su utilización, lo que tampoco sucede por ahora.
Bajo esta circunstancia, ya podemos presumir que tenemos la carretera más cara de México y si no se le mete mano al asunto, podremos alardear de algo más: también la carretera más peligrosa del país, si no es que lo es ya.
Dicho esto, con todo respeto…
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A propósito.
En Mazatlán, en el marco del encuentro “Sostenibilidad de las zonas turísticas” -organizado por el Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República y el gobierno de Sinaloa – Rubén Rocha Moya encontró el momento propicio para defender una de sus tesis principales en cuanto al apoyo oficial a los centros turísticos del país: desarrollo equilibrado que atienda, por un lado, los requerimientos del visitante; pero, por el otro, satisfacer también las principales necesidades de la población.
De hecho, es con esta tesis con la que Rocha se ha manejado, específicamente en lo que al puerto de Mazatlán corresponde: obra social en las colonias populares y sindicaturas de la municipalidad, sin descuidar el aspecto fundamental inherente a la principal actividad económica de Mazatlán. A juicio de Rocha se debe evitar caer en la tentación de las obras de relumbrón y no atender las carencias de la comunidad.
-También hay que cuidar que gane el ecologismo extremo que se opone al desarrollo – advirtió por lo que a Mazatlán respecta; pero quizás también con la cabeza puesta en el puerto de Topolobampo y su monumental proyecto de la planta de fertilizantes.
Así la teoría de Rocha sobre Mazatlán, específicamente, atendido por las administraciones pasadas -particularmente en la de Quirino Ordaz Coppel – es su cara bonita, la que se le tiene que mostrar al visitante para que muchos más viajen al puerto. No es que esto sea malo; por el contrario, se cuida al sector económico fundamental; sin embargo, zonas deprimidas y marginadas también exigen y con razón, la atención de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Digo.
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Mientras.
Aquí en Culiacán, el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázares, llevó la representación del Ejecutivo Estatal a la Tercera Reunión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2027, en el cual tocó el tema toral: la protección, si de ese segmento poblacional, como base para su crecimiento y desarrollo en una sociedad justa, democrática e igualitaria.
-Aprender a convivir entre sí y con los adultos y construir nuevos núcleos sociales será el resultado de este trabajo, impulsado por un liderazgo humanista y de vocación social, que da prioridad al bienestar de las personas – subrayó.
Para eso, el representante personal del gobernador Rocha al evento de SIPIMA, sostuvo, como premisa fundamental, atender y diseñar cursos de acción pública, acordes a la complejidad que aqueja a la sociedad y que la empuja a la creación de herramientas efectivas, que le permitirán al Estado avanzar en beneficio, precisamente, de niños, niñas y adolescentes de Sinaloa.
Efectivamente, el SIPIMA, creado apenas unos años atrás, ha recibido una especial atención en el gobierno de Rocha Moya, dentro de su estrategia humanista para diseñar una sociedad mejor, lo que solo se logrará con la observancia de sus derechos y bajo un ambiente adecuado, con la capacidad suficiente para contrarrestar las tentaciones procedentes de otras fuerzas, que amenazan seriamente a niños, adolescentes y jóvenes de nuestro Estado.
Que sea para bien.
