A través de diversos diagnósticos y estudios, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha dado permanente seguimiento al tema de violencia contra la mujer, particularmente al delito de violencia familiar, considerado la base de otros problemas sociales y la posible antesala del feminicidio. 

Durante el 2020 algunos delitos de alto impacto registraron disminuciones importantes, como el homicidio doloso, robo de vehículo y robo a banco, sin embargo, la violencia familiar no se ha contenido e incluso ya es el delito de mayor incidencia en Sinaloa.

A continuación, algunos datos relevantes sobre este tema, contenidos en el Diagnóstico de Seguridad Enero 2021 de este observatorio ciudadano:

• La violencia familiar tiene una tendencia anual de aumentos sostenidos. De 2010 a 2020 ha incrementado más de 300%: al inicio de la década el total anual era de poco más de 1,000 denuncias, mientras que en 2020 fue de 4,740. 
• De acuerdo con estándares internacionales y nacionales, si un delito sobrepasa una tasa de 25 casos por cada 100 mil habitantes se considera de alta incidencia. La tasa anual acumulada de violencia familiar en Sinaloa es de 160 casos por cada 100 mil habitantes.
• Ahome, Culiacán y Guasave concentran el 82% de las denuncias por violencia familiar. Culiacán registra el 40% del total estatal.
• En el caso de feminicidio, durante 2020 se registraron 33% menos denuncias que en 2019, sin embargo, gran parte de los hechos ocurridos tanto el año pasado como en el presente 2021 se cometieron con un alto nivel de violencia hacia las víctimas.
• 4 de cada 10 feminicidios ocurridos en Sinaloa durante 2020 se cometieron con arma de fuego, mientras que a nivel nacional fueron 2 de cada 10.
• De las cerca de 800 mujeres que han sido asesinadas en Sinaloa de 2010 a la fecha, al menos 70 han sido menores de edad.

Estos datos obligan a insistir en la necesidad de contar con políticas públicas efectivas en prevención, con metas evaluables, presupuesto y personal capacitado para ponerlas en marcha, además de una estrategia integral que involucre de manera efectiva a todas las autoridades relacionadas con la protección de las mujeres y del núcleo familiar, desde la prevención hasta la procuración e impartición de justicia.