JORGE LUIS TELLES

JORGE LUIS TELLES SALAZAR-AGENDA POLÍTICA

“¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato.”

Tal es la pregunta que aparecería en las boletas algún día del año entrante y que sería la base, por supuesto, para decidir si López Obrador termina abruptamente con su periodo o si sigue hasta el 30 de septiembre de 2024. Esto es: dos meses antes que sus antecesores cuyos gobiernos se extendían hasta el 30 de noviembre del último año del sexenio correspondiente.

Lo anterior, como resultado de una reforma constitucional, exclusivamente para el periodo de AMLO, con la finalidad de reducir en dos meses el camino de convivencia entre presidente electo y presidente en funciones, para abonar a la salud pública de nuestro país.

Teóricamente, entonces, López Obrador se iría dentro de 38 meses (contados a partir de septiembre, que ya está encima); pero podría ser antes, si la ciudadanía así lo decide, al amparo de la consulta popular que se planea para el año venidero, como el propio AMLO lo sugirió justo al arranque de su acorado sexenio presidencial.

La pregunta arriba citada, sin embargo, dividió las opiniones de diputados federales y senadores de la República de la comisión permanente del Congreso de la Unión, entre quienes no hubo acuerdo para la realización de un periodo extraordinario de sesiones, cuya única finalidad, precisamente, lo era la discusión y aprobación (o rechazo, en su caso) de la Ley de Revocación de Mandato Presidencial.

La comisión permanente sesionó en dos ocasiones por dos días consecutivos y en ambos el resultado fue el mismo: mayoría, sí; pero insuficiencia de votos para alcanzar los niveles de mayoría calificada, tras el rechazo de los legisladores del llamado bloque opositor que ahora, a diferencia de ocasiones anteriores, se vio más sólido que nunca.

Y bueno, no es que diputados y senadores del PAN, PRI, MC y PRD se manifiesten en contra de la revocación de mandato -lo que parecería ser un respaldo implícito a AMLO – sino que su argumento es en el sentido de la pregunta que, según su criterio y el de sus asesores (supongo) induce a un “si” como respuesta del ciudadano, de tal modo que no se trata, aducen, de una revocación, sino de una ratificación de mandato.

A juicio del columnista, se trata de una pregunta clara y concisa (a diferencia de la formulada en la reciente consulta popular para el enjuiciamiento a ex presidentes), sin retórica mayor; sin embargo, los legisladores del bloque opositor piensan otra cosa y aunque solo eran 13, contra 24, votaron en unidad para evitar la mayoría calificada.

Y así se dio esta historia, con una pertinente aclaración: no pasó ese periodo extraordinario; pero la iniciativa, como tal, sigue más viva que nunca.

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Lo que no termina de entenderse es la prisa de MiLópez Obrador y sus diputados y senadores (y diputadas y senadoras) por sacar adelante la Ley de Revocación de Mandato antes del primero de septiembre que ya toca a nuestras puertas, a menos que sea para presumirla en su ya muy próximo informe presidencial.

Porque, simple y sencillamente, el primero de septiembre iniciará una nueva legislatura, en la que tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, MoReNa alcanzará fácilmente la mayoría simple -aunque sin llegar a la calificada – lo que será suficiente para la aprobación de la Revocación de Mandato, en tratándose de una ley secundaria y no una reforma constitucional.

Y quiérase que no, tendremos esa ley, con todo y la pregunta que citamos en los primeros renglones de esta columna, a sugerencias del Senado de la República.

En teoría, esta consulta popular se llevaría a cabo el 21 de marzo del año entrante -fecha sugerida por el propio AMLO -; pero la ley por aprobar contiene una serie de puntos, que sería de suyo interesantes conocer.

-Que la revocación de mandato solo podrá ser solicitada por la ciudadanía.

-Que la petición en este sentido debe contar con la firma del 3 por ciento de la lista nominal del INE, de ese momento. Es decir: por 2 millones 807 mil 926 electores, contra 93 millones 597 mil 599, a la fecha de hoy.

-Que la revocación de mandato se podrá exigir durante los tres meses siguientes a la conclusión del tercer año de gobierno; o sea, a partir del primero de diciembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022.

-Que los ciudadanos interesados podrán dar inicio al proceso de recopilación de firmas, desde noviembre del presente año.

-Que el proceso será llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral y que para que sea válido se requerirá de la participación del 40 por ciento de la lista nominal; es decir: por 37 millones 439 mil 40 ciudadanos, si Pitágoras no era un vil embaucador. Tan sencillo como esto: si no vota ese número de personas, la consulta será anulada, independientemente del resultado, sea la victoria del “sí” o la del “no”.

A lo anteriormente expuesto añádale usted lo que costará la realización de todo este proceso, que será infinitamente superior a los 500 millones de pesos que se gastaron para llevar a cabo la reciente consulta popular, que constituyó un fracaso en toda la extensión de la palabra. Especialistas estiman que el presupuesto podría ser de dimensiones estratosféricas.

Bajo estas circunstancias, es fácil advertir que el camino a seguir no será nada fácil; antes bien, que estará plagado de tropiezos y adversidades, tantas que ya se pone en tela de duda de la necesidad de llevarlo adelante, como lo exige el propio presidente López Obrador.

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En Sinaloa amanecimos hoy en color amarillo, según los criterios del Semáforo Epidemiológico Nacional. Amarillo significa riesgo moderado en todo el país. Hablamos del Covid-19.

 

Y así como en la primera semana de julio, nuestro Estado dio un gran brinco hacia atrás -de amarillo a rojo, sin pasar por el naranja-, ahora lo hace hacia adelante: del rojo al amarillo, sin tener que cruzar por la franja anaranjada.

 

Parece extraño; pero no lo es tanto. El fenómeno se ha producido en otras entidades de la república mexicana.

 

¿Por qué Sinaloa pasó de un rojo escarlata a un amarillo intenso, en cosa de días?

 

Porque el número de contagios por coronavirus ha descendido sustancialmente en las últimas semanas: de casi 600 casos que llegamos a tener, ahora estamos justo a la mitad y la ocupación hospitalaria es menor al 50 por ciento. La cifra de defunciones, sin embargo, se mantiene alta, resultado de los ajustes a plataforma que con cierta frecuencia aplica la secretaría de salud del gobierno del Estado.

 

Se trata de una noticia buena, muy buena, por muchas razones; pero también mala, por otras más.

 

Buena porque teóricamente esto significa un claro respiro en el azote de la pandemia -al menos en lo que a nuestra entidad corresponde – al tiempo que representa la apertura de muchas otras actividades, canceladas por más de seis semanas consecutivas, lo que abona a una mejoría en la economía regional.

 

Y mala porque, quiérase que no, llama a un relajamiento, que nos invita a la realización de eventos prohibidos por la autoridad sanitaria, con el consiguiente riesgo de volver, en muy corto plazo, al odiado color rojo en el Semáforo Epidemiológico Nacional.

 

Del mismo modo, no hay que perder de vista otro ángulo que permea en nuestra sociedad: la eterna incredulidad a las cifras oficiales y el marcado sospechosismo acerca de si estas cifras son reales o manipuladas y si en el ultimo de los casos se han elaborado a modo para estimular un precipitado regreso a clases en la entidad y en muchas otras del territorio nacional.

 

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Aquí las últimas consideraciones de Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del comité estatal del Partido Sinaloense, respecto a los adelantos del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, en torno a la configuración de su gabinete legal:

 

-Nosotros no vamos a reclamar nada, ni a hacer berrinches de ninguna naturaleza. Es facultad del absoluta del gobernador electo, la designación de quienes serán sus colaboradores -dijo.

 

Las declaraciones de Cuen vienen al caso porque al dirigente pasista se le consideró como aspirante natural a la Secretaría General de Gobierno o bien a la de Educación Pública y Cultura -entre otras-; pero hasta el día de hoy se encuentra descartado para uno y otro cargo.

 

-Yo puedo participar o no en la próxima administración -agregó Cuen en conferencia “banquetera” -; pero si no es así yo no tengo ningún problema, ni ocupo de la política para vivir: tengo mis empresas, desde hace 40 años, las que han crecido en forma más que exitosa. En realidad, yo no tendré ningún quebranto económico si soy o no llamado a colaborar en la administración del doctor Rocha.

 

De un modo u otro, Héctor Melesio Cuen reiteró que su partido refrenderá su apoyo al nuevo gobernador del Estado; que habrá pasistas en el nuevo gobierno y que hay que esperar la configuración total del nuevo gabinete, para poder plantear un sólido posicionamiento sobre el particular.

 

CORTOS.-  Algo así como cien millones de pesos adicionales a su presupuesto, es lo que requiere la Universidad Autónoma de Sinaloa para dejar su infraestructura en condiciones de impartir clases presenciales. Y esto es justo lo que demanda el rector Jesús Madueña Molina, quien toca las puerta del gobierno federal y del gobierno del Estado -sin excluir al gobernador electo- para canalizar el recurso de inmediato. Hasta ahora, ninguna respuesta concreta, que quede bien claro…ORALE.- Finalmente fueron 21 las plazas docentes asignadas por el Colegio de Bachilleres del Estado en planteles, distribuidas en planteles escolares y centros de educación media superior. La entrega estuvo a cargo del director de este sistema de educación media superior, Sergio Mario Arredondo, en acto vía “zoom” para cuidar los protocolos sanitarios correspondientes. Enterados…

 

OJO.- A pesar de su derrota en las pasadas elecciones, Faustino Hernández seguirá en la política partidista, a través de la secretaría general de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, donde organizó, incluso, un congreso estatal extraordinario intitulado “Somos CNC”, como primer paso para hacerle frente a estos tiempos de adversidad para todo lo que huela a Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué os parece?…

 

SUBRAYELO.- Locatarios del mercado Garmendia recibieron sus certificados de confianza, expedidos por el ayuntamiento de Culiacán, en los cuales se consta que todo el personal, adscrito a determinado negocio, cuenta con el esquema completo en cuanto a su vacunación contra Covid. Así, declarado por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, la gente podrá realizar sus compras con seguridad y tranquilidad. Que sea así…

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