XXXIII aniversario del asesinato de Manuel Buendía

Casa de los Derechos de Periodistas. Cd. de México, 30 de mayo 2017. De Manuel Buendía Tellezgirón a Javier Valdéz tuvieron que ocurrir 218 crímenes contra periodistas en México para que se conmoviera el Estado Mexicano de que cada agravio y cada asesinato contra los informadores profesionales lastima el derecho de la sociedad a estar informada. Ya han transcurrido 33 años de que los sátrapas han querido silenciarnos.
Tras el homicidio de nuestro colega sinaloense el 15 de mayo por fín se activó, como Jefe de Estado, Enrique Peña Nieto a pesar de que en su mandato ya suman 37 los periodistas acallados. Paralelamente anunciaron que ahora sí actuarían para proteger a periodistas, el Congreso de la Unión, congresos locales, gobernadores y otras instancias del Estado México.
Hay promesas de acción estatal que son destacables: el refuerzo del mecanismo federal de protección y la fiscalía especial de la PGR por parte del gobierno federal; la coordinación de mandos estatales que se hará desde La Conferencia Nacional de Gobernadores para modificar leyes que persiguen a periodistas e invitar a dialogar a nuestros colegas de cada entidad.
La conmoción que provocó este crimen derivó en condenas y exigencias de actores sociales que antes no se manifestaban abiertamente: universidades, académicos, asociaciones civiles y más mostraron que en la defensa del periodismo y sus trabajadores principales, ya no seguiremos solos.
Lo más alentador de los últimos días de mayo ha sido la conjunción de algunas decenas de académicos y periodistas noveles, la mayoría de medios digitales que han convocado a discutir una agenda para proteger al periodismo y, más novedoso todavía ha sido el documento de Ya basta de algunas empresas de prensa que también concitarán a foros en defensa de la libertad de expresión.
Algo más se mueve y alienta un poco. En 2010 ya era algida la desesperación de unos pocos en nuestro gremio, porque el ciclo de agravios seguía creciendo y no existían instancias o leyes que que nos protegieran un poco. El 12 de agosto de ese año un puñado de mujeres y hombres periodistas provenientes de sindicatos y otros organismos gremiales, acompañados de abogados, decidimos crear un escudo de protección al menos para colegas que padecieran altos riesgos, creamos la asociación civil Casa de los Derechos de Periodistas (CDP)
En estos siete años ese pequeño grupo encontró aliados importantes a esa causa. La Asamblea Legislativa, los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Àngel Macera en la Ciudad de México que aportaron fondos para este pequeño escudo y ofrecieron donar un inmueble para resguardar periodistas amenazados. El inmueble está pero le falta equipamiento para poder utilizarlo.
Periodista de diversas entidades, durante este tiempo, han coincidido con el propósito legal declarado por la CDP de proporcionar apoyo, asesoría, acompañamientos y otras acciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de periodistas y comunicadores, cuando éstos se encuentren en riesgo por el ejercicio de su profesión. Tres encuentros nacionales y un sinfín de talleres para autoprotección y otras acciones ayudaron a que 63 colegas de 24 estados firmasen cartas como Enlaces de la CDP con sus colegas para cuando lo requieran. Esta conjunción ayudó al impulso de 12 leyes estatales de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, las mas avanzadas de estas son las de la Ciudad de México y de Quintana Roo. Entre otras cosas hemos cumplido con la función esencial, a pesar de ser apenas 11 asociados que no devengan pago alguno y unos cuantos colegas que realizan las operaciones básicas profesionalmente, ellos si con salarios magros.
Frente a todo esto la CDP manifiesta:
Que alientan las expresiones tanto de los poderes ejecutivos y legislativos federales y estatales, como de empresarios de la prensa y colegas periodistas que antes no lo hacían con la misma enjundia y determinación, de ahora si buscar marcos legales, operativos y sociales para la protección del periodismo.
Que la Casa de los Derechos de Periodistas continuará con la misión que le dió origen, ahora en mejores condiciones polìticas y sociales; que estamos dispuestos a participar en los fotos de discusiòn y, sobre todo aportar a quien lo requiera la experiencia alcanzada en la protección cautelar, jurídica y preventiva; que ratificamos nuestra decisión de realizar en poco tiempo el Cuarto Encuentro Nacional de Periodistas con el temac central: Reducir vulnerabilidades de los trabajadores de la información.
Que en esta etapa la urgencia mayor es la intervención franca y decidida de cada uno de los gobernadores del país para iniciar, ahora sí, esos valladares jurídicos y operativos contra la impunidad. Los mínimos necesarios para esto son: estudios serios para la prevención como los mapas de agravios con tipologías de agredidos agresores y delitos; protocolos efectivos de reacción rápida ante amenazas de riesgo inminentes: reformas o adiciones a los códigos penales de los estados para perseguir a quien agreda a periodistas y en general el derecho de expresión; homologación de normas internas de las procuradurías para designar fiscalías o mesas especializada en libertad de expresión; promover leyes estatales o cambios en los reglamentos de gobiernos para crear mecanismos locales de protección donde no los haya; garantizar la participación de periodistas y defensores de los derechos humanos es esos mecanismos estatales y otras instancias.
Por lo tanto seguiremos pugnando por:
Que el gobierno federal, asuma por completo su jefatura de Estado en esta materia y diseñe un programa nacional preventivo de verdad que realmente reduzca las cinco grandes vulnerabilidades de las y los periodistas, es decir alejar riesgos creando fortalezas en capacitación y reconocimiento profesional, en tutelar para abatir los bajos salarios y escasas prestaciones sociales; en marcos jurídicos que fomenten el profesionalismo, y por supuesto que cumplan con su obligación las instancias de protección cautelar (Feadle y Mecanismo) para evitar más ataques.
Que los gobiernos estatales y muchos municipales abran diálogos inmediatos con periodistas, organizado o no, para el diseño y ejecución de sus programas de protección tanto cautelares, con los mìnimos descritos arriba, como de carácter preventivo que al igual que como se demanda al gobierno federal, sirvan para el desarrollo profesional y el fomento de buenas prácticas de los periodistas del país.
Que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa sean los primeros en cumplir con los propósitos de la Conago pero también continuen con los propósitos que iniciaron hace 7 años de mejorar el marco legal, hacer plenamente vigente la ley local de protección, continuar con la alianza práctica que tiene con organizaciones de periodistas y defensores de los derechos humanos; y se termine la instalación de la Casa de Resguardo para periodistas de otras entidades desplazados por riesgos.

Atentamente
Plaza Zarco de la Ciudad de México, a 30 de mayo de 2017
Asociadas y asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas A.C