Ya vinculado a proceso en la audiencia pública del lunes próximo pasado, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, compareció de nueva cuenta ante el juez de control (este miércoles), acusado de los delitos de desempeño irregular de la función publica y de ejercicio indebido del servicio público. No hubo nueva vinculación porque la audiencia -como es habitual en estos casos – se pospuso para el 11 de octubre del año en curso.
Concretamente, al rector se le acusa ahora de compra fraudulenta de productos cárnicos por el orden de los 75 millones de pesos. Por eso se citó también a los miembros del comité de adquisiciones de la UAS, así como al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera.
La vinculación a proceso con la que ya carga Madueña Molina tiene su origen en su negativa a acceder a una revisión de la Auditoría Superior del Estado, bajo el argumento de que los recursos ejercidos por la institución son de carácter federal y que, por ende, no debe intervenir el órgano fiscalizador del gobierno estatal. Por esa imputación, Madueña ya tiene una restricción en su contra: la de no poder abandonar el país en los tiempos que dure el proceso, a menos que obtenga una autorización judicial.
De momento esta es la única limitante impuesta al rector; pero como tiene que enfrentar a otras acusaciones, es probable que se le endilguen otro tipo de restricciones, que podrían llegar, incluso, a la separación temporal de su cargo como rector. Por ahora, solo una posibilidad, que quede claro; pero una posibilidad que podría crecer en el transcurrir de las semanas.
Y bueno.
En cuanto a la otra acusación -y por ahí anda también la imputación de 15 millones de pesos en adquisición de tortillas en plena pandemia – no hubo por ahora consecuencias. La audiencia se difirió -repetimos – para el 11 de octubre al ceder el juez a los reclamos de la defensa de las autoridades de la UAS, en cuanto a que no contaron, de manera oportuna, con la correspondiente carpeta de investigación.
O sea: este tema queda en pausa (como dicen ahora); pero, de cualquier modo, el rector Madueña se convertirá en un visitante frecuente de la sede regional del Centro de Justicia Penal y Acusatorio, aquí en Culiacán.
Pendientes.
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En tanto.
Con frecuencia, el gobernador Rubén Rocha Moya – a través de la conferencia semanal y por otros medios – recibe quejas del mal estado de las instalaciones de las unidades administrativas del gobierno del Estado, ubicadas en las cabeceras de los municipios de la entidad. La denuncia, normalmente, es acompañada por denuncias de mal servicio a quienes demandan servicios estatales.
Estas unidades administrativas, junto con el actual Palacio de Gobierno, fueron construidas en la recta final del periodo gubernamental de Alfonso G. Calderón e inauguradas en septiembre de 1980, por el presidente José López Portillo, cuando Antonio Toledo Corro se aprestaba a tomar la estafeta de manos de Calderón.
Entonces, si las cuentas no nos fallan, ya transcurrieron 43 años de entonces a la fecha, mismos en los que la conservación de inmuebles y el mantenimiento de equipo e instalaciones ha dejado mucho que desear.
De ahí lo deplorable de su situación, en la mayoría de los casos.
Y de ahí, también, la decisión del gobernador Rocha en el sentido de visitar personalmente las unidades administrativas municipales, a fin de conversar directamente tanto con el personal del Estado como del publico presente. De la conjugación de ambas fuentes surgirán las medidas a tomar de manera rápida y oportuna.
Rocha Moya ya se dejó ver por las instalaciones estatales de Guamuchil, Guasave y Los Mochis, en el arranque de un recorrido que lo llevará por los municipios restantes. Problemas similares: deficiencias en los sistemas de aire acondicionado, en el cableado eléctrico, en los servicios sanitarios y en las redes de agua potable, lo que se traduce en condiciones de trabajo inaceptables y en un mal servicio a la comunidad.
Habrá noticias, en breve.
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Por cierto.
Ahora que está a la vista el inicio de un nuevo ciclo escolar y que se llevan a cabo las inscripciones en las escuelas del sistema educativo estatal, el gobernador Rocha convocó a los padres de familia a no aportar un solo centavo por concepto de cuotas aplicadas por los directores de los planteles, en colaboración con las sociedades de padres de familia, casualmente.
Esto porque el gobierno federal ya cuenta con un programa –“La Escuela es de todos” – enfocado precisamente a eso: a la reparación general de edificios escolares y a la rehabilitación de aulas en particular, a fin de evitar la sangría económica en el núcleo familiar.
Hay que decir que es del conocimiento generalmente aceptado de la discreta eficacia de esta clase de programas; pero el jefe del Ejecutivo Estatal “tomó el toro por los cuernos” y se comprometió a ofrecer instalaciones dignas, prácticas y seguras a toda la comunidad escolar, para el periodo que arrancará el lunes venidero.
Parece un compromiso sumamente arriesgado, ante las condiciones físicas de la infraestructura del sistema educativo estatal; pero…en fin.
Veremos qué pasa.
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Por otro lado.
En sesión extraordinaria, la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado presentó y se auto aprobó, de paso, el presupuesto a ejercer para el año venidero.
Se trata de 564 millones 791 mil 517 pesos, divididos del siguiente modo:
Congreso: 361 millones 649 mil 042 pesos; un 0.2 por ciento, menor que en el 2023.
Auditoría Estatal: 190 millones 122 mil 754; un 16. 2 pc, más que en el año en curso.
Y jubilados y pensionados: 13 millones 019 mil 721 pesos; 8. 3 pc, superior al del 2023.
Al parecer ya es definitivo.
Si es el congreso estatal el que autoriza los presupuestos de los poderes Ejecutivo y Legislativo ¿Por qué no podría hacerlo con el suyo propio?
Suyos los comentarios amigo lector.
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