Por ética y responsabilidad social

los diputados están obligados a cumplir con sus obligaciones

El trabajo y los resultados alcanzados por los 40 diputados que conforman el H. Congreso del Estado de Sinaloa, sin duda repercute sustancialmente en la vida diaria de los sinaloenses. Las tareas del Poder Legislativo influyen para que los ciudadanos tengan o no mejores condiciones de vida.

A través de los medios de comunicación la sociedad se ha enterado de los problemas que la actual 62 Legislatura ha tenido para cumplir con el quórum y con ello iniciar las reuniones de trabajo, así como para sostener por lo menos a 21 diputados en el pleno (mayoría relativa) y con ello evitar tener recesos obligados.

En otras palabras, la disciplina de los diputados se ha convertido en un verdadero inconveniente para quienes tienen a su cargo el buen funcionamiento del Congreso local, es decir, tanto para la Mesa Directiva como para la Junta de Coordinación Política.

Ante esta situación, los diputados del PAS y un servidor estamos promoviendo que el Congreso adopte las medidas pertinentes para que las reuniones plenarias no se vean trastocadas por la ausencia de los legisladores, lo que no es lo mismo atentar contra el debate parlamentario.

Por ello, el 15 de diciembre los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica Díaz Quiñonez, Rafael Mendoza Zatarain, Alba Virgen Montes Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila Maribel Gaxiola Camacho, entregaron a la Oficialía de Partes una Iniciativa de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 19 y se reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.

El objetivo central de tal iniciativa es regular el pase de lista de asistencia de los diputados tanto al principio como al final de las sesiones ordinarias y extraordinarias, lo cual sería un relativo garante para que acudan a la hora citada para el pleno y que estén presentes al terminar.

La exposición de motivos se basa en que el Poder Legislativo —al igual que en la administración pública—, para conservar una eficiente gestión y una imagen transparente, necesita contar con individuos íntegros.

Éticamente, los servidores públicos deben hacer bien sus tareas y actuar con responsabilidad. Cuando un servidor público realiza una acción de manera responsable, y la hace bien, ya está cumpliendo con preceptos morales y éticos.

Sin embargo, por más simple que parezca esta premisa, es muy difícil de lograr, y además no todos los que pertenecen al ámbito público ejecutan bien sus tareas. Es lo mínimo exigible para asegurar una honestidad y una responsabilidad en el empleo público.

La sociedad está convencida de que cuando se habla de ética pública, en especial la ejercida por los servidores de esta naturaleza, implica la plena conciencia de los actos encaminados hacia el interés de la ciudadanía.

En la actualidad, el perfil de las personas que desempeñan un cargo público es muy heterogéneo, ya que existe una amplia variedad de profesiones. Entre los que se postulan a un cargo de elección popular hay egresados de diferentes disciplinas e incluso algunos carecen de formación académica pero que han destacado en alguna actividad. Ante la ley, no obstante, todos los individuos tienen derecho a ocupar un cargo de elección, siempre y cuando tenga el perfil y la capacidad para el puesto.

Nuestra aspiración es que las personas que ocupen un cargo público lo desempeñen con diligencia y responsabilidad, y en el caso de los diputados, esta es la razón esencial por la cual se elaboró y entregó la iniciativa mencionada, ya que en reiteradas ocasiones se han retirado durante la sesión del pleno, e incluso otros faltan injustificadamente.

La ética pública nos señala, entonces, los principios y valores anhelados en la conducta de quienes desempeñan una función oficial. Dicho de otra manera, se refiere a los actos humanos que son realizados por los funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber.

Hoy en día podemos constatar que existe un gran entusiasmo entre los ciudadanos por ocupar un cargo de elección popular, aunque muchos carezcan de cultura política y desconozcan la importancia y la responsabilidad que ello representa. Ese es el caso, con todo respeto, de algunos ciudadanos que luchan por una candidatura independiente.

Para cualquier sociedad, la confianza en sus funcionarios es de suma importancia, sobre todo cuando los ciudadanos dan por un hecho de que sus servidores públicos cumplen con responsabilidad.

Tenemos la convicción de que el servidor público se debe a su comunidad, ya que su sueldo y demás compensaciones provienen de los impuestos y, por lo tanto, tiene una responsabilidad y un compromiso social. Los políticos tenemos la obligación de dirigir los asuntos públicos, resolverlos con ética y compromiso, pues esas son nuestras promesas como candidatos, las cuales se convierten en una obligación cuando ganamos y protestamos formalmente respetar la ley.

A ello se debe la esencia de la iniciativa planteada: los diputados deberán estar presentes al pase de lista, al comenzar y al finalizar la sesión correspondiente, por parte del secretario de la Mesa Directiva.

De no cumplirse lo anterior, a los diputados no se les pagará su dieta económica. Seguros estamos que la presente iniciativa tendrá el apoyo de los 40 legisladores de Sinaloa.