Con las reformas a la Ley de Obras Públicas, el Congreso del Estado de Sinaloa se convierte en real contrapeso para evitar que haya obras costosas como el estadio de futbol de Mazatlán, pero también los ciudadanos, a través de la figura de “Testigo Social” podrán vigilar que no haya mala calidad ni obras inconclusas.

Ello lo señaló la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en entrevista virtual con los periodistas Javier Ramírez y Aarón Fragozo.

De las reformas, aprobadas por unanimidad de diputados y diputadas, agregó que también cuentan con el consenso de cámaras empresariales de la industria de la construcción, de colegios de profesionistas, periodistas, organismos ciudadanos e incluso de funcionarios.

Recordó que esta Legislatura organizó un foro en noviembre de 2018, impulsando siempre la participación ciudadana, tal como lo demanda la práctica de Parlamento Abierto que se ha venido aplicando.

Como resultado de ello, aseguró que las reformas aprobadas están legitimadas por los actores que serán beneficiados.

Graciela Domínguez aseguró que estas reformas están pensadas en combatir la corrupción y buscar que todo proceso de obra pública, de asignación de presupuesto para obra pública sea transparente.

“Que eso dé certeza a la ciudadanía de poder contar con obras, en primer lugar, que realmente sean de necesidad social, que vengan a favorecer necesidades de carácter social a resolver problemas de carácter social y no beneficiar sólo a particulares, como ha sucedido ya con muchas obras”.

También, dijo, se busca que toda obra sea concluida a través de una programación clara y que se dedique presupuesto suficiente.

Como ejemplo de irregularidades que se espera no se repitan con las reformas aprobadas, citó la inconclusa carretera de casi 3 kilómetros a la comunidad de El Guamuchilito, en el municipio de Navolato, de la cual en tres años apenas se han tendido 900 metros de asfalto.

Otro ejemplo que citó fue un puente en el municipio del Rosario, el cual se derrumbó por la mala calidad de la obra, y a la fecha no hay quien se haga responsable de ello.

“Esto, con la nueva ley, ya no se tendrá que pasar. Y si las autoridades correspondientes incurren en esta irregularidad, habrá sanciones para ellos”.

Del caso del estadio de futbol de Mazatlán, la diputada Graciela Domínguez aseguró que “es un claro ejemplo de cómo no pasó por la aprobación en el presupuesto de Obra Pública.

“Esa obra apareció sin que estuvieran documentadas en el presupuesto anual de la inversión que hace el Gobierno del Estado, por lo tanto, los diputados no conocieron.

“Estamos pensando que hoy con estas reformas, este tipo de inversiones ya deben de desaparecer. Esa opacidad y manejo de recursos muy grandes, montos de inversión muy grandes, porque estamos hablando de casi 700 millones de pesos en este estadio, que el Congreso no conoció y pasó como una inversión como si el Ejecutivo estatal pudiera resolver sólo ese tipo de inversiones”.

Para estos casos, aseguró que las reformas incluyen candados, y en caso de que se volvieran a repetir, entonces habrá un procedimiento de sanciones.

“Hoy buscamos fortalecer esta facultad del Congreso, pero no sólo conocer el Plan de Obra Pública y aprobarlo, sino que trimestralmente pueda estar conociendo los avances. Es decir, un contrapeso de vigilancia para que pueda estarse cumpliendo con la ejecución de la obra pública”.

En atención a los constructores organizados, expuso que se establecieron mecanismos para garantizar que ciertas obras de ciertos montos se prioricen y sean para las pequeñas empresas.

“Ese es otro de los aspectos muy positivos que hay que resaltar y estamos seguros que además con haber eliminado la figura de obras por invitación a tres, que realmente se convertía en una simulación, eso va a ayudar mucho para que la competencia sea más equitativa”.

A ello le sumó que con las reformas aprobadas Precasin ya no construirá obra nueva, sólo se dedicará a labores de conservación y mantenimiento, lo que deja más obras para que las hagan las empresas.

En lo que se refiere a la figura de Testigos Sociales, resaltó que también tendrán que participar en las obras que realice Precasin.

“El Testigo Social podrá participar en todo tipo de obra sin importar el monto de la obra, el monto de inversión económica en la obra. Por lo tanto, hay una garantía de dar paso a la vigilancia ciudadana”.

Por todo lo anterior, la diputada Domínguez Nava consideró que los ciudadanos tienen que estar más optimistas de que la obra pública, a partir de estas reformas, estará más vigilada y buscando que la calidad de la obra sea respetada.