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En combate a corrupción, hay que encontrar al beneficiario final: Santiago Nieto

Culiacàn, Sinaloa.-   En el combate a la corrupción, el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo importante es encontrar al beneficiario final, el que utiliza las cuentas, que tiene la chequera y la posibilidad de mover los recursos, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
Ello, al ofrecer la videoconferencia “Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica” que organizó y difundió el Congreso del Estado de Sinaloa a través de su página institucional de Facebook.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, quien expresó que el tema de la conferencia es muy importante por la política de cero tolerancia a la corrupción.
Recordó que en la tercera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 2019, se confirmó la estrategia de que la Unidad de inteligencia Financiera coordinara la operación y fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las entidades Federativas.
“Sabemos que derivado de todo esto el 9 de junio pasado la Fiscalía General de Sinaloa creó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica con el objetivo de investigar delitos vinculados al uso y actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Santiago Nieto afirmó en su conferencia que la corrupción y la delincuencia organizada son fenómenos supranacionales, y que por tanto la única forma de atacarlos es vía supranacional.
Aclaró que también son fenómenos supraestatales y que por eso es importante que se consoliden las unidades locales y que todas tengan un proceso de interrelación con la UIF y entre ellas para poder entonces encontrar los intercambios financieros y comerciales que pudiera haber entre una entidad y otra u otras.
“Lo ideal es poder detectar mecanismos de fragmentación de los recursos que nos permitan ir viendo por dónde se mueven los grupos delincuenciales en el ámbito financiero”.
Aseguró que si se logra que Unidad de Inteligencia Financiera y las unidades locales tengan una buena conexión, tendrán la ventaja de poder encontrar a los beneficiarios finales, poder acotar a las personas públicamente expuestas, poder acotar los casos de corrupción.
Pero, sobre todo, resaltó, poder determinar cuáles son los entornos cercanos del personaje político expuesto que puede estar cometiendo un acto de corrupción, como pueden ser los compadres, los hermanos, los primos, los esposos, las esposas, las hijas, los hijos… todo el entorno.
Para poder avanzar mejor, Santiago Nieto dijo que falta tener sentencias condenatorias de decomisos de bienes e instrumentos del delito.
Recordó que en Colombia se hizo una reforma constitucional y se estableció que el patrimonio original de los bienes, muebles e inmuebles, corresponde a la nación, al Estado, y que si un particular no podía acreditar la procedencia lícita de los recursos, entonces se extinguía el dominio, y este se transmitía al Estado.
Aunque México ya tiene una reforma constitucional, observó que todavía existen algunas lagunas en la materia.
“No tenemos una regla que nos permita por ejemplo utilizar los recursos congelados en los bancos a partir de la lista de personas bloqueadas, que nadie reclama. Eso no existe en nuestra normatividad”.
Como consecuencia, expuso que no se puede suspender civilmente a una persona cuando se le ha acreditado el caso de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como sí sucede en Estados Unidos.
“Nosotros lo podemos establecer en la lista de personas bloqueadas, pero no puede haber un procedimiento o mecanismo para poder pedir, por ejemplo, que notarios públicos, servidores públicos, vendedores de autos, de joyas, etcétera, puedan no contratar con ese sujeto por su actividad ilícita”.
No obstante, confió en que con la operación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en cada entidad federativa se puede tener una mayor recopilación de información en los Registros Públicos de la Propiedad, el Registro Civil y otras fuentes de información que es fundamental para encontrar al beneficiario final.
Se han detectado, dijo, casos en que un chofer de repente es dueño de un rancho en Chiapas, o bien un despachador de una gasolinera en Poza Rica, resulta ser el dueño de una empresa que abre una cuenta en Panamá y que recibe un millón de dólares de Odebrecht.
En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige, expuso que más o menos al año tiene un poco más de casi 16 millones de reportes, mismos que por su bastedad son revisados a partir de sistemas informáticos, vía un modelo de riesgos, el cual permite detectar problemas.
En el caso de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, expuso que deben empezar a gestar un modelo que permita su operatividad.
La idea, añadió, es que estas unidades se conecten con la UIF y se dé el intercambio de información para poder identificar entonces los casos de corrupción a partir de lo que quiera determinada unidad local.
“Para la UIF es importante que las unidades locales funcionen de manera adecuada, que puedan generar su modelo de riesgo, que esos modelos se vayan calibrando para poder tener información y poder clasificar los casos que presenten algún tipo de irregularidad”.
La homologación, afirmó, es un tema importante en el ámbito no sólo de la procuración de justicia, sino de los modelos de inteligencia financiera patrimonial y económica.
Santiago Nieto aseguró que si se quiere afectar a la delincuencia organizada, no hay más camino que afectar sus estructuras financieras, llámense fideicomisos, personas morales, personas físicas que lavan el dinero.
En su conferencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno Federal también hizo una exposición de los modelos que se tienen de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Al término de la ponencia, el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, agradeció la participación del expositor y comentó que en el Plan Nacional de Desarrollo se contempla como eje estratégico la erradicación de la corrupción, el dispendio y la frivolidad.
Asimismo, recuperar el Estado de Derecho y separar el poder político del económico.
En este sentido, aseguró que se necesita apoyar las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
“Las diputadas y diputados de esta 63 Legislatura de Sinaloa estaremos apoyando este tipo de proyectos para que sean una realidad”, dijo.
Como moderadora de la videoconferencia estuvo la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, Sonia Escalante López.

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