Culiacán, Sinaloa, a 17 de junio del 2020.- A partir de la creación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la investigación de delitos como el de desaparición, se ha fortalecido con la creación de una fiscalía especializada.
Con el fin de mejorar e incrementar las acciones que corresponden a la competencia de este organismo con autonomía constitucional, esta área de investigación, que en el año 2017 tenía 7 ministerios públicos y 8 policías para todo el Estado, actualmente cuenta con 16 ministerios públicos y 21 policías de investigación, la mayoría reasignado del mismo personal ya existente en la institución y sin obtener un presupuesto adicional.
Durante los años 2017-2019 la Fiscalía de Sinaloa tiene registro de 3,236 personas reportadas como desaparecidas, de las que 1,227 fueron localizadas por colectivos y la Fiscalía, el 68% de estas con vida.
De las 538 mujeres, que por alguna circunstancia se interpuso denuncia ante un Ministerio Público por ausencia o desaparición, fueron localizadas por colectivos y la Fiscalía 389, el 94% de estas con vida.
MARCO JURÍDICO
En los últimos años el Estado Mexicano y las entidades del país han realizado actos jurídicos, con el fin de construir las herramientas teóricas y operativas para la atención y erradicación de este comportamiento delictivo, para lo que se han creado leyes y protocolos.
El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.
Esta Ley tiene por objeto establecer competencias institucionales y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas; esclarecer los hechos, prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.
Con base en esta Ley se determinan los tipos penales, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional y comisiones estatales de búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, protocolos de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, entre otras acciones.
Para estos mismos efectos y en atención a esta Ley y a las obligaciones del ámbito local, el 22 de julio de 2019 el Periódico Oficial Estado de Sinaloa, publicó el decreto 260, que expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.
Este decreto además reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Familiares, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y de la Ley de Seguridad Pública, derogando además diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sinaloa.
TRABAJO CON COLECTIVOS Y FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS
En la atención a la comunicación de los avances obtenidos en las carpetas de investigación, por primera vez en el Estado Sinaloa esta Fiscalía General implementó la instalación de mesas de trabajo para analizar caso por caso, sosteniendo reuniones de seguimiento con víctimas u ofendidos integrados a los colectivos de búsqueda, adicionalmente a la atención que se tiene con las familias que no forman parte de estos grupos.
A estas reuniones se convoca a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en su representación estatal y nacional, las Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas Desaparecidas nacional y estatal, Poder Legislativo, las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Además de estas instancias de control, la Fiscalía coadyuva y colabora estos mismos trabajos con otras instancias del Gobierno federal, estatal y/o municipal.
Derivado de esta mecánica de atención, desde mediados de 2017 a la fecha se han celebrado 41 reuniones de trabajo y de interacción con 15 colectivos de búsqueda y la revisión de al menos 435 expedientes y/o carpetas de investigación, esto independientemente de las reuniones que se tienen con víctimas que no forman parte de algún colectivo.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, dentro de su competencia jurídica como organismo constitucional autónomo, mantiene estrecho y solidario interés en mantener informadas en materia de investigación a las familias de víctimas de desaparición, así como a todas aquellas personas afectadas de manera directa por diversos actos constitutivos de delito correspondientes al fuero común y que trastocan la sana convivencia de los y las sinaloenses.
