Culiacàn, Sinaloa.-       La corrupción se mantiene como un problema fuerte e incluso como una práctica generalizada, no como algo excepcional, y para disminuirla se debe trabajar en mejorar los servicios públicos y trámites, apoyarse en el sistema educativo y disminuir la impunidad en los casos.
Ello lo expresaron los distintos ponentes que participaron en el Panel virtual; La Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa”, que organizaron el Congreso del Estado de Sinaloa, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentaras y el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Rendición de Cuentas, quien resaltó que ya es el tercer evento sobre el tema que organiza el Congreso del Estado.
Señaló que México ocupó en 2019 la posición 130 de 180 países evaluados, y que para aspirar a la posición que tenía en 2014 debe mejorar su calificación en cinco puntos.
Los participantes en el panel fueron Francisco Javier Lizárraga Valdez, secretario técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y José Antonio Penné Madrid, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública.
Asimismo, Soledad Astraín Fraire y Fernando Ruiz Rangel, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Los ponentes afirmaron que la corrupción impacta en el crecimiento económico, la confianza de las instituciones y en el actuar de los gobiernos.
Coincidieron en afirmar que la participación ciudadana es fundamental para poder combatir la corrupción.
Reconocieron que todavía faltan definirse programas y acciones a implementar, así como políticas de seguimiento y evaluación de dichos programas.
Sin embargo, señalaron que ya se tienen como punto de partida cuatro ejes estratégicos.
Estos ejes son combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad, e involucrar a la sociedad y el sector privado.
Se destacó que en Sinaloa ya hay un diseño de la política estatal anticorrupción, y se precisó que es la segunda en el país.
De las cifras que ofrecieron, resaltan las de que 9 de cada 10 mexicanos declaran que la corrupción es un problema para México; uno de cada tres reconoce que tuvo que pagar sobornos por trámites y servicios.
De los sobornos, se precisa que son a policía, por acceder a la justicia y la provisión de servicios públicos básicos.
Nueve de cada 10 mexicanos consideran la corrupción como un problema, sólo el 21 por ciento de la población consideró que la corrupción ha disminuido, mientras que el 44 por ciento considera que está en aumento
A nivel estatal, se indicó que la población considera a la corrupción como el segundo de los problemas más graves que enfrenta el estado
Sólo el 5 por ciento de los actos de corrupción son denunciados por considerarse como una pérdida de tiempo o porque no pasa nada.
El 74.9 por ciento de los establecimientos comerciales consideró que se ven orillados a participar en actos de corrupción al realizar un trámite, y el 33.4 manifestó haber participado en algún acto de corrupción para evitar alguna sanción.
El 25.9 por ciento mencionó que la corrupción es un factor determinante para la entrega de permisos y licencias.
Se resaltó que la corrupción tiene un costo enorme en el Producto Interno Bruto de México, y que todavía en los casos de corrupción la probabilidad de ser investigados y sancionados es poca.
Para enfrentar este problema, se señaló que se deben tener mecanismos para detectar prevenir denunciar investigar y sancionar faltas administrativas, e instrumentos para procurar e impartir justicia ante la corrupción.
De igual manera, combatir la discrecionalidad de los gobernantes, fortalecer los recursos humanos del sector público mediante la profesionalización y socialización de una serie de valores.
Se expuso que en cada uno de los cuatro ejes estratégicos hay 10 prioridades, para cuya implementación ya hay líderes definidos, y se señala como líderes a diversas dependencias, como la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.
Las acciones para atender estas prioridades se llevarán a cabo en plazos de tres a seis años.
La clausura estuvo a cargo de Enrique Hubbard Urrea, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.