Con el voto a favor de las 37 diputadas y diputados presentes, el Congreso del Estado aprobó reformas que garantizan el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de abandono o deserción escolar.
Las reformas aprobadas son a las fracciones VII y IX del artículo 51 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, a propuesta del Grupo Parlamentario del PAS.
En la fracción VII, donde se obliga a realizar acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, se le suman las causales de orfandad o discapacidad de los padres o madres, y se mantienen las relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales
En la reforma a la fracción IX se le adiciona que:
“Las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, están obligadas a notificar a la Procuraduría de Protección, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifica respecto del alumnado que curse educación básica y media superior en los centros educativos del estado.
“Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 102 de la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
En los considerandos, la Comisión de Equidad de Género y Familia, que fue la que presentó el correspondiente dictamen para su discusión y aprobación señala que las reformas tienen como propósito fundamental fortalecer la cobertura de acciones afirmativas para garantizan el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estado de orfandad o son hijos de padres con alguna discapacidad.
Asimismo, contribuirá a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria, con oportunidades de desarrollo para un mejor futuro; lo cual es un objeto loable que incide en los aspectos multifactoriales necesarios para un mayor desarrollo democrático y social del país.
Con las reformas, añade, todas las autoridades del estado deberán promover y vigilar la asistencia de las y los educandos a las instituciones educativas para garantizar los derechos de infantes y adolescentes que tendrá como consecuencia el desarrollo de ciudadanos responsables, con valores y comprometidos con su país.
Además, se armoniza la legislación estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, permitiendo con ello el fortalecimiento de las instituciones y del concepto de que el derecho a la educación no es renunciable, sino que, de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligatoria en los tipos básico y medio superior. Además, se propone fortalecer las atribuciones de las autoridades educativas para que pongan en marcha los mecanismos que se requieran para detectar los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifica respecto de las y los alumnos que cursen educación básica y media superior en los centros educativos del estado, y den conocimiento de los mismos a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.