La diputada morenista Yeraldine Bonilla Valverde, subió a tribuna en el marco de la sesión ordinaria de este jueves para exponer la grave problemática de los embarazos en adolescentes en nuestro estado y en nuestro país, destacando la obligatoriedad que tienen las diferentes autoridades de atender esta situación.

Señaló que sin duda representa un problema de salud pública en Sinaloa y en México, pues las jóvenes adolescentes no están preparadas para la responsabilidad física, emocional, económica y moral que conlleva un embarazo.

“Considero un factor que influye en esta situación es el machismo, pues las mujeres históricamente se han encargado de cuidar de niñas y niños que son producto de una relación de dos. Son innumerables los casos de mujeres que sufren de abandono, de desentendimiento de sus parejas sentimentales cuando hay que criar a un bebé, y que además sufren violencia por ejercer la maternidad”, apuntó la morenista.

Añadió que otros factores como las tradiciones culturales y los dogmas han generado que en el sentido común se justifique y se glorifique al sistema patriarcal.

“Lo digo claro y con la ley en la mano, la alternativa además de la prevención es el derecho a decidir, el cual está contemplado en el código penal de nuestro estado cuando exista una violación sexual de por medio. Tenemos el desafío de generar condiciones para su accesibilidad y por lo tanto para que sea una alternativa a tan preocupante problema”, observó Yeraldine Bonilla.

Según datos del Instituto Nacional de Mujeres, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente, cada año dan a luz más de 380 mil adolescentes.

Argumentó que en el informe “Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en Adolescentes en México” del Fondo de Población de las Naciones Unidas revela que existe un impacto económico para la economía con los embarazos adolescentes pues la pérdida de ingresos y empleos es de casi 63 mil millones de pesos y más de 11 mil millones de pérdida de ingresos fiscales para el Estado, un costo que representa el 0.27 porciento del PIB.

“Las cifras son frías cuando no matizamos, cuando no se contextualiza. Las pérdidas económicas se refieren a que se utiliza recurso del estado para atender desde las instituciones y programas sociales este tema. Esto no es negativo pues el estado debe garantizar protección social para las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”, apuntó la legisladora.

“Lo que no dicen los números es la pérdida del derecho a soñar. A buscar una vida mejor, a tener un empleo que nos llene económica y espiritualmente, a la búsqueda de la felicidad. Porque las motivaciones profesionales son importantes para garantizar la plenitud”, añadió.

Puntualizó que el informe de las Naciones Unidas muestra que los ingresos anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes resultan casi 32% siendo menores a las que fueron madres en edad adulta.

“Con esto no pretendemos decir que la condición sea una condena para todas. Por ello hacemos un llamado a la empatía, a la solidaridad para entender que no todas las niñas pasan por las mismas situaciones que nosotras. Algunas tendrán padres con la capacidad económica para salir adelante, otras deberán remar contra un sistema excluyente”, explicó Bonilla Valverde.

Indicó que en el caso de Sinaloa, la prensa local señaló que los embarazos antes se presentaban entre los 14 y los 18 años pero que durante los últimos años la edad ha bajado entre los 10 y los 14. Cifras que para marzo de 2019, alcanzaban las 259 adolescentes en esta condición.

“La coordinación institucional con miembros de la sociedad civil, el acceso a educación sexual, la cultura de la prevención del embarazo y la elaboración de políticas públicas incluyentes con perspectiva de género podrán ayudar a nuestro país y a nuestro estado ha lidiar con este problema de salud pública. Los invito a pensar en aquellas que han sido víctimas de violación sexual, de violencia por sistemas de opresión tan antiguos que a una víctima la vuelvan victimaria. Para ellas debemos actuar, para ellas debemos legislar y por ellas hay que hablar: las que no tienen también debe ser escuchadas”, concluyó la morenista.